La grafología en el ámbito judicial: Una crítica a su uso como prueba en litigios sobre autenticidad de firmas

Abstract

En el contexto del sistema judicial ecuatoriano, la grafología ha sido admitida como medio probatorio en litigios sobre autenticidad de firmas, pese a la ausencia de normativa técnica que regule su aplicación dentro del marco del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Esta situación plantea interrogantes sobre la compatibilidad de dicha práctica con los principios constitucionales del debido proceso, la legalidad y la seguridad jurídica. El presente estudio tiene como objetivo evaluar críticamente el uso de la grafología como prueba pericial en el ámbito judicial ecuatoriano, examinando su legitimidad jurídica y científica. Se empleó una metodología cualitativa de tipo jurídico-analítica, basada en la revisión sistemática de normativa nacional, doctrina especializada y jurisprudencia relevante emitida por cortes ecuatorianas. Como criterio de valoración principal se consideró la correspondencia entre la admisión de la prueba grafológica y los estándares constitucionales que rigen el proceso judicial. También se contrastó la situación local con criterios internacionales sobre admisibilidad y fiabilidad de las pruebas periciales. Los resultados evidenciaron que la grafología ha sido aceptada en múltiples procesos judiciales sin una valoración jurídica adecuada de su fundamento científico en la práctica de sustento pericial de audiencia. Esta práctica ha dado lugar a decisiones contradictorias y a una aplicación desigual del principio de legalidad procesal. Además, se detectó una falta de criterios unificados en cuanto al análisis técnico pericial de los peritos grafólogos. Se concluye que la actual admisión de la grafología como prueba pericial en Ecuador vulnera los principios fundamentales del proceso debido y socava la seguridad jurídica. Ante la inexistencia de una regulación específica y de estándares técnicos claros, resulta urgente promover una revisión normativa que limite o regule estrictamente su uso, priorizando el respeto a los derechos procesales y la certeza jurídica en los litigios.