Enero - junio, 2022
Vol. 6, No. 12
e-ISSN: 2602-8247
https://doi.org/10.53877/rc.6.12.20220101.06
http://retosdelacienciaec.com
mcrevistas@gmail.com
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN MEXICO: REFORMA DEL
ESTADO Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
FOOD SECURITY IN MEXICO: STATE REFORM AND
ADMINISTRATIVE MODERNIZATION
Yessika Mabel Cepeda Arellano
1
Martha Elena Báez Martínez
2
Recibido: 2021-09-18 / Revisado: 2021-10-20 / Aceptado: 2021-11-25 / Publicado: 2022-01-01
RESUMEN
El presente trabajo tiene por objetivo el dar respuesta a la pregunta: ¿De qué manera
la estructura y el funcionamiento del Estado y la Administración Pública se relacionan
con la Seguridad Alimentaria en México? Ello se logrará a través de un enfoque de
investigación mixto/holístico que permitirá llevar a cabo el análisis de las Reformas
del Estado Mexicano y de los procesos más relevantes implementados para la
Modernización Administrativa en materia de Seguridad Alimentaria. Así como
también, se podrá observar que las acciones emprendidas han generado que la
producción interna de alimentos se incremente y que la balanza agroalimentaria se
encuentre en una etapa superavitaria, lo cual da como resultado que exista el acceso
físico de alimentos al interior del país, tal y como lo plantean los preceptos de la
Seguridad Alimentaria.
Palabras clave: seguridad alimentaria, reforma del Estado, modernización
administrativa.
ABSTRACT
The objective of this work is to answer the question: In what way are the structure and
operation of the State and Public Administration related to Food Security in Mexico?
1
Doctora en Administración Pública. Catedrática en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México. E-mail: yessika.cepeda@correo.buap.mx / ORCID
https://orcid.org/0000-0003-0253-2783
2
Doctora en Administración Pública. Catedrática en la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla. México. E-mail: martha.baez@correo.buap.mx / ORCID https://orcid.org/0000-
0003-2394-7750
Forma sugerida de citar: Cepeda-Arellano, Y. M. y Báez-Martínez, M. E. (2022). Seguridad alimentaria en México:
Reforma del Estado y modernización administrativa. Retos de la Ciencia. 6(12). 62-73.
https://doi.org/10.53877/rc.6.12.20220101.06
Yessika Cepeda / Martha Báez
This will be achieved through the analysis of the Mexican State Reforms and the most
relevant processes implemented for Administrative Modernization in the area of Food
Safety. As well, it will be possible to observe the articulation of the mechanisms to
guarantee Food Security that has tended to supply domestic demand through the
importation of food products from international markets, mainly from the United States,
with the Free Trade Agreement of North America, today a Treaty between Mexico, the
United States and Canada, leaving aside the enormous production capacity that the
field has in Mexico.
Keywords: food security, state reform, administrative modernization
INTRODUCCIÓN
Ante un mundo dinámico, donde el peso que jugaban las naciones hegemónicas de
Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS),
los grandes triunfadores después de la Segunda Guerra Mundial, generaban
tensiones entre los países del globo durante el periodo de la llamada Guerra Fría, en
la cual se buscaba la supremacía de un único país poderoso en todas las áreas, tanto
político, económico, militar y sobre todo ideológicamente hablando, debido a que el
capitalismo y el socialismo buscaban consolidarse en el mayor número de naciones
para fomentar sus preceptos.
Los postulados del Estado de Bienestar a nivel internacional comienzan a ver su
desencanto a partir de los años 70, donde la lógica de la intervención del Estado ve
su agotamiento a través de los déficits presupuestarios que las naciones tenían,
principalmente latinoamericanas. Ello, derivado de las enormes cantidades de dinero
que debían de destinar al cumplimiento de los servicios y demandas sociales, al
endeudamiento al que debían recurrir los países, y al enorme tamaño de la
maquinaria burocrática que atendía a la razón de la creación de empleos.
Este panorama, aunado a la cercanía de México con los Estados Unidos, con la
siempre estrecha relación histórica y los intereses latentes hacia el territorio
latinoamericano, llevó a los Estados Unidos y su modelo neoliberal a establecerse en
México, después de haberlo instaurado ya en el país de Chile, por citar un ejemplo.
La intención principal era alejar las funciones del Estado en el funcionamiento
económico, a través de la reorientación de las políticas económicas y el redimensionar
el aparato gubernamental, lo que cambiaría la relación entre el actuar del Estado y la
sociedad.
Esto generó el inicio de una serie de reformas en el país para lograrlo y sobre
todo adecuarlo al contexto que se vivía, encaminado ahora a la desarticulación de un
modelo de bienestar hacia un modelo neoliberal. Para Francisco Valdés Ugalde
(Valdés, 1993), “…la reforma de la intervención estatal en la economía se basa en la
convicción de que el crecimiento económico depende de la capacidad competitiva de
cada economía nacional para situarse en el intercambio mundial sin recurrir a
medidas proteccionistas internas o externas”. Mediante la reforma de la intervención
del Estado se fue perdiendo poco a poco las medidas proteccionistas dejando a
ciertas áreas desprotegidas, donde el Estado tenía una fuerte injerencia para su
funcionamiento, afectando a las naciones.
No únicamente las condiciones internacionales fomentaron que México adoptara
un modelo neoliberal como lo dictaban los Estados Unidos, a través de sus
organismos financieros internacionales. Ello, debido a que al interior la mala
administración pública y la toma de decisión de un grupúsculo ocasionó al país caer
en una de las peores crisis que había atravesado en la historia, lo cual desembocaría
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en que se adquiriera una deuda casi imposible de pagar, pero necesaria para reactivar
las aristas que el Estado debía cubrir y dirigir. Dicha deuda se adquirió al momento
de firmar un acuerdo de facilidad ampliada con una entidad internacional como lo es
el Fondo Monetario Internacional, pues había un déficit presupuestario que hacía
incapaz al Estado de operar a favor de los ciudadanos, entre otros temas.
Entre las causas principales que ocasionaron la crisis de 1982 fue el modelo de
la economía que implementó México basado en la petrolización que dirigió a la política
económica de 1976 a 1982, donde se daba prioridad al sector petrolero motivando a
una cada día mayor dependencia de la exportación del petróleo al extranjero y de los
precios del petróleo a nivel internacional.
De acuerdo con Paulina Chávez Ramírez (Chávez, 1996) “…la crisis que vivió
México en 1982 marcó un punto de inflexión en la economía mexicana por dos
razones: porque se interrumpieron cuatro décadas de crecimiento y la inflación
alcanzó niveles que no se habían registrado antes, y porque se dio un giro drástico
en el enfoque del desarrollo económico por parte del gobierno”.
La crisis económica que vivió México ocasionó que en noviembre de 1982 se
firmara la tan conocida Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional y al
tomar posesión del cargo el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, el 1 de diciembre
de 1982, se pone en ejecución el Programa Inmediato de Recuperación Económica
(PIRE), donde se instrumentaban las medidas establecidas y necesarias en dicha
Carta para su gradual implementación.
No obstante, las Reformas y la Modernización Administrativa que el Estado
Mexicano ha llevado a cabo no han generado cambios significativos para garantizar
la Seguridad Alimentaria de los ciudadanos, hecho que ha fomentado el abandono
del campo y una seria interdependencia en cuanto a los compromisos internacionales
que se han firmado con naciones extranjeras.
METODOLOGÍA
En el presente ensayo se llevó a cabo un trabajo de gabinete, basado en una
metodología cualitativa, donde se revisaron las acciones prioritarias implementadas
en México para garantizar la Seguridad Alimentaria, así como también se tomó en
cuenta una metodología cuantitativa, debido a que se buscaron datos que
establecieran la situación de la Seguridad Alimentaria en México, así como la
situación de la producción de alimentos que se refleja a través de la balanza comercial
agroalimentaria. Por ende, este trabajo refleja una metodología mixta de
investigación.
RESULTADOS/DISCUSIÓN
A nivel internacional, el tema de la Soberanía y Seguridad Alimentaria ha logrado
posicionarse como un eje trascendental para el desarrollo y bienestar humano. Entre
los antecedentes más relevantes, se encuentra la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), como
organismo especializado de las Naciones Unidas, fundada en 1945, en el cual
quedaba claro el objetivo general de lograr un mundo donde imperara la seguridad
alimentaria elevando los niveles de nutrición, mejorando la productividad agrícola, las
condiciones de la población rural, y contribuyendo a la expansión de la economía
mundial.
Yessika Cepeda / Martha Báez
A partir de 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde el
concepto de seguridad alimentaria aparece en el escenario internacional como un
derecho fundamental plasmado en el artículo 25, donde se menciona que toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesario. Sin embargo, este concepto
tomó fuerza en los años 70 del siglo XX, cuando los precios internacionales de los
alimentos básicos se fueron al alza y provocaron que países como África, Asia y
América Latina enfrentaran la escasez de alimentos y hambrunas. Ello aunado al
incremento de los precios del petróleo y el de los fertilizantes.
A principios de los años setenta se hizo evidente la existencia de una severa crisis
en la producción agrícola. El abastecimiento suficiente de alimentos básicos, en
especial el de granos, fue el problema central y la expresión más aguda de la crisis.
Hasta 1970, y desde mediados de los cincuenta, el país había sido básicamente
autosuficiente, sin embargo, en los setenta, el abasto interno empezó a depender en
forma creciente de las importaciones que llegaron a representar entre una cuarta y
una tercera parte del consumo nacional (Warman, 2002).
Cabe mencionar, que la capacidad de autosuficiencia alimentaria se dio
básicamente por una serie de instrumentos de política agrícola que le daban certeza.
Entre dichos instrumentos se pueden citar los precios de garantía, los cuales surgen
en 1953 con el objetivo de incrementar la producción agrícola para con ello poder
garantizar la producción de alimentos y materias primas a través de subsidios directos
a la producción, comercialización y transformación, mediante precios
subvencionados. El primer cultivo que se estableció su precio de garantía fue el fríjol,
posteriormente, el maíz y el trigo. En 1970, ya había 12 productos que estaban sujetos
a la dinámica de los precios de garantía.
La instancia encargada de elaborar los análisis técnicos para establecer los
precios de garantía en el país fue la Comisión Coordinadora del Sector Agropecuario,
la cual se integraba por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de la Presidencia, y
de los Recursos Hidráulicos, de los bancos Agrícola, Ejidal y Agropecuario, la
Aseguradora Agrícola, la Productora Nacional de Semillas, así como también de la
Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO).
Los precios de garantía permitían que los campesinos garantizaran la compra de
su producción con precios favorables, lo cual permitía un nivel de vida digno, y una
autosuficiencia en la producción de alimentos sin la necesidad de importarlos del
exterior.
Sin embargo, entre 1965 y 1972, se empieza a relegar al sector agrícola a causa
de la política económica del gobierno federal que lo dejaba en desventaja frente al
sector industrial. Con esto se generó un déficit en la producción de alimentos en
relación con la población, promoviendo la necesidad de optar por la compra de
importaciones para cubrir las necesidades.
Para corregir las tendencias negativas provocadas por la escasa participación de
los productos mexicanos ante sus competidores extranjeros, se implementaron el
Sistema Alimentario Mexicano (SAM) y la Ley de Fomento Agropecuario, “conjunto
de disposiciones estatales orientados a promover el crecimiento de la producción
agropecuaria y mejorar el ingresos de los productores” (Olmedo, 1991) con las cuales
el sector agropecuario y rural recibió una importante transferencia de recursos a
principios de la década de los ochenta, la cual no se repitió hasta la puesta en marcha
del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO).
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El SAM fue creado por la oficina de asesores presidenciales que dedicó dos años al
estudio sistemático del campo, el Sistema Alimentario Mexicano fue anunciado por
José López Portillo el 18 de marzo de 1980, dentro del marco de las celebraciones de
la expropiación petrolera y junto con la decisión de que México no ingresaría en el
GATT.
En el contexto estatal tiene singular importancia la implementación del Sistema
Alimentario Mexicano en 1979, encargado de impulsar una política de apoyo a la
producción cerealera, basada en una concepción distinta a la que había imperado
tradicionalmente. El SAM tenía como propósito elevar los rendimientos agrícolas a
través de la distribución selectiva de los recursos, orientados hacia campesinos
ubicados en tierras de buen temporal mayores de 5 hectáreas. El SAM fue visto como
el programa más ambicioso para respaldar el viejo compromiso del Estado con la
autosuficiencia alimentaria nacional, así como también fue visto como el último
mecanismo de intervención fuerte del Estado en el sector agrícola.
El reto, para los encargados de un programa tan grande e innovador como lo fue
el SAM, surge al intentar asegurar que los recursos de que dispone el gobierno
subsidien en la mayor medida posible a los segmentos de población que más los
necesiten, y en la menor medida posible a los grupos que más tienen, es decir, para
reducir el desperdicio de recursos hay que basarse en criterios claros de
progresividad. Y esto, en el caso de México de principios de la década de 1980, tenía
implicaciones políticas inaceptables (Hewitt de Alcántara, 2007).
El SAM dejó, mediante, su experiencia dos elecciones generales: 1) demostró la
capacidad de respuesta del sector agrícola mexicano para producir suficientes granos
básicos para alimentar al país; y 2) demostró que los recursos agrícolas asignados
difícilmente llegarían a los campesinos en ausencia de canales institucionales
democráticos que obligaran a rendir cuentas a los aparatos del Estado dirigidos a
atender la producción agropecuaria (Fox, 1990).
La política económica instrumentada en el sexenio de Miguel de la Madrid se
apega a los lineamientos del ajuste estructural: desregulación de la inversión
extranjera y bolsa de valores, privatización gradual y por etapas de sectores
estratégicos, ajuste fiscal, pago puntual del servicio de la deuda externa, entre otros.
Pero uno de los temas que aparece de manera recurrente en las cartas de intención
que periódicamente firma el gobierno federal con el FMI, sobre todo aparecen con
nitidez de 1983 en adelante, es la desregulación de la agricultura, privatización
gradual de las empresas públicas del sector agropecuario, eliminación de subsidios
agrícolas, apertura comercial, eliminación gradual de las cuotas de importación y baja
y posterior eliminación de aranceles.
Con la entrada de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT)
en 1986, se estableció el compromiso de liberalización gradual de la agricultura
mexicana, pero gracias a las reservas del protocolo de adhesión introducidas por el
equipo negociador se introdujeron ciertos candados que preservaron facultades
regulatorias, mecanismos de protección agrícola y el derecho a aplicar subsidios.
Sin embargo, a partir de 1989, la presión librecambista de los EUA se incrementa
y el gobierno de Carlos Salinas tiene una debilidad institucional producto de su falta
de legitimidad. Esto, unido a la necesidad de contar con flujos de capital especulativo
como medio para una precaria estabilización de la economía, origina que México
inicie negociaciones para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
en condiciones de debilidad. Por el contrario, la agenda estadounidense estaba
perfectamente clara. De hecho, era una versión actualizada de la posición que
durante años mantuvieron, misma que estaba presente en los acuerdos con el FMI y
Yessika Cepeda / Martha Báez
en las propuestas de la delegación estadounidense a la Ronda Uruguay del GATT,
iniciada en 1986 y culminada ocho años después en Marruecos.
En 1992, se lleva a cabo en México la Reforma Agraria que reformó el Artículo 27
Constitucional, el cual se publicó el 6 de enero en el Diario Oficial de la Federación,
así como también en el mismo año, pero el 26 de febrero se publica la Ley Agraria
que es la encargada de regular las modificaciones del artículo en cuestión.
Tabla 1:
Balanza Comercial Agropecuaria y Agroalimentaria (Millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Banco de México. (Banco de México,
2021).
La apertura de la economía nacional por la que México atravesaba en los años 90, la
cual marcó cambios importantes en la forma de intervenir por parte del gobierno,
obligó a que el grupo en el poder implementara las medidas necesarias para que el
sector agropecuario entrara en la era de la modernización, evitando su rezago y hasta
su gradual desaparición por falta de apoyos económicos y estratégicos, modificando
el esquema tradicional de apoyos para el campo.
En el cuadro 1, se puede observar, que México tenía un déficit en su balanza
comercial, debido a que importaba más de lo que exportaba. Sólo en el año 1985 y
1995 registró un saldo favorable de 41 y 1,189 millones de dólares respectivamente.
En 1992 y 1994, se presenta los déficits más altos de 2,764 y 2,822. En general, la
tabla confirma que se importa más en el sector agrícola a causa de incapacidad de
producción en el país.
El deterioro en los precios desalentó el incremento de la producción comercial y
provocó que las unidades de producción empresariales abandonaran estos cultivos
ya que era imposible obtener una ganancia o ésta era demasiado baja en
comparación con otras actividades, así como también, era casi imposible competir
con los bajos precios de sus competidores en el extranjero.
En el marco del Programa Nacional de Modernización del Campo (1990-1994) y
a la incorporación de México a organismos económicos internacionales con el
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) hoy Organización
Mundial del Comercio (OMC) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), el PROCAMPO fue instrumentado a finales del ciclo agrícola de 1994.
El propósito primordial del PROCAMPO era mejorar el nivel de ingreso de las
familias que conforman las áreas rurales, sobre todo a los productores que destinan
su producción al autoconsumo y no a la comercialización de esta. El PROCAMPO fue
Año
Saldo
Exportaciones
Importaciones
Total
Total
Agropecuario
Agroalimentario
Total
Agropecuario
Agroalimentario
1980
-895
2,289
1,517
772
3,184
2,014
1,170
1985
41
2,152
1,401
751
2,111
1,603
508
1990
-1,535
3,206
2,111
1,095
4,741
2,062
2,679
1991
-1,044
3,712
2,291
1,421
4,756
2,121
2,635
1992
-2,764
3,417
2,052
1,365
6,181
2,845
3,336
1993
-1,934
4,039
2,449
1,590
5,973
2,617
3,356
1994
-2,822
4,512
2,616
1,896
7,334
3,345
3,989
1995
1,189
6,432
3,903
2,529
5,243
2,627
2,616
1996
-1,455
6,315
3,385
2,930
7,770
4,654
3,116
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creado bajo la idea de colaborar con otros objetivos básicos a lo largo de su
implementación, los cuales son:
- Coadyuvar al incremento de la capacidad de capitalización de las unidades de
producción.
- Promover la capitalización del sector productivo rural,
- Frenar la degradación del medio ambiente, contribuyendo a la recuperación y
conservación de bosques y selvas.
- Convertir superficies productivas en actividades de rentabilidad mayor,
- Regularizar la tenencia de la tierra en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo
27 constitucional.
El Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) es un programa creado en
1993 por el Gobierno Federal para beneficiar al sector agrícola, el cual consiste en
transferir recursos fiscales en apoyo al ingreso de los productores rurales. El
PROCAMPO, a diferencia de otros programas de apoyo al campo, consistía en un
apoyo anual continuado y de largo plazo, debido a que tendrá una duración de quince
años, contados a partir de 1994.
Básicamente, el PROCAMPO respondía a la necesidad de la economía nacional
de dar pie a la apertura ante los mercados globales. Con ello, se dio paso a la
modernización del campo mexicano, razón por la cuál a finales de 1993, el
PROCAMPO emprendió su operación, periodo que marca el inicio de labores del año
agrícola Otoño-Invierno 1993/1994.
El Banco Mundial, a través del Informe sobre pobreza y hambre, incorpora dos
indicadores para el análisis de la seguridad alimentaria que son: la inseguridad
alimentaria crónica y la inseguridad alimentaria transitoria. Es para 1996, que se llevó
a cabo la Cumbre Mundial de Alimentación, donde se estableció una noción integral
del concepto de seguridad alimentaria, la cual es la siguiente: “Existe seguridad
alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar
una vida activa y sana.” (FAO, 2014).
Asimismo, en la Cumbre Mundial de Alimentación, se aprobó la Declaración de
Roma y el Plan de Acción de la Cumbre, en las cuales se plasman los objetivos para
garantizar la seguridad alimentaria.
En el caso de México, la Soberanía y Seguridad Alimentaria se colocó como
temática prioritaria en la política nacional, a raíz de la crisis de los precios de los
alimentos, y la incapacidad del mercado de satisfacer la producción interna de
alimentos, lo que orilló al Estado a comprar productos estratégicos del exterior. Esto
factores provocaron una disminución de los ingresos de la población y un
considerable aumento en los niveles de inseguridad alimentaria.
Para Eduardo García Maynez (Garcia, 2009) el derecho Alimentario es el “…
conjunto de normas, principios usos y costumbres que tienen por objeto regular la
protección de los recursos agropecuarios, así como su transformación,
comercialización y consumo, con la finalidad de preservar la salud nutricional.” El
Estado no sólo debe encargarse de proveer el abasto de alimentos a su población,
sino que también, dichos alimentos deben de ser de calidad, para con ello, promover
una alimentación nutricional acorde con los requerimientos calóricos y fomentar la
salud a nivel nacional.
Yessika Cepeda / Martha Báez
De acuerdo con Edmundo Hernández-Vela Salgado (Hernandez - Vela, 2002, p.
1086) la Seguridad Alimentaria se define como el:
[...] conjunto de estrategias, políticas, normas medidas y acciones tendientes a
garantizar el abasto y el acceso permanentes, incluso en previsión de contingencias
ambientales o de cualquier otra índole, en cantidad, variedad, composición,
combinación, calidad y precios suficientes, adecuado y satisfactorios, de los alimentos
y complementos requeridos para su cabal salud y bienestar y su pleno desarrollo y
evolución, tanto individual como social.
Para algunos autores, los conceptos de Soberanía Alimentaria y Seguridad
Alimentaria tienden a utilizarse deliberadamente, llegando hasta confundir los
objetivos de cada una de ellas. Es debido a esto, que, para la presente investigación,
se deben tener claro que son nociones que trabajan en conjunto, y que se dan fuerza
entre sí.
Según el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO, “La
erradicación de la inseguridad alimentaria requiere un rediseño de la política y
estrategias orientadas a tal fin, en un proceso participativo que considere la
multidimensionalidad de la seguridad alimentaria, la institucionalidad que asegure la
coordinación y la coherencia de las políticas sectoriales y la propuesta de los recursos
indispensables” (FAO, 2014).
Es debido a lo anterior, que el gobierno de México implementó como fase
primordial para garantizar la Soberanía y la Seguridad Alimentaria en el 2011, el
establecer constitucionalmente el derecho al Acceso a la Alimentación. En el Artículo
4° Constitucional se llevaron a cabo 3 reformas, en las cuales el 13 de octubre de
2011, quedó asentado que “toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva,
suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”.
En el año 2013, el gobierno mexicano implementó la Cruzada Nacional Contra el
Hambre, con el objetivo de dar impulso, a nivel nacional, al eje temático contemplado
dentro del Plan Nacional de Desarrollo, para que 7.4 millones de personas superen
su condición de pobreza extrema y carencia alimentaria. Esta iniciativa está integrada
por 70 programas federales, y dio inicio con su primera etapa dentro de 400
municipios a nivel nacional. Además, buscó cumplir con las entidades especializadas
a nivel internacional, como, por ejemplo, los Objetivos del Desarrollo del Milenio, hoy
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
A pesar de este recorrido histórico, donde se describen las reformas del Estado y
la implementación de mecanismos más relevantes que promovían la modernización
de la administración pública en la noción de la Seguridad Alimentaria, en 2018 el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
reportó que existen 52.4 millones de personas en situación de pobreza, lo que
equivale al 41.9% de la población que registran un promedio de 2.2 carencias
sociales. En cuanto a la carencia alimentaria en el país se registran 25.5 millones de
mexicanos, es decir el 20.4% de la población total.
En la Tabla 2, se observa que la inseguridad alimentaria en el país aún afecta a
un porcentaje importante de la población que ha variado a lo largo del tiempo y que
más ha incidido en la población con inseguridad alimentaria severa.
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70
Tabla 2:
Porcentaje de personas en los componentes de carencia por acceso a la alimentación
nutritiva y de calidad 2008-2020.
Indicadores
Porcentaje
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
Carencia por acceso a la
alimentación3
Seguridad alimentaria
53.9
55.7
56.1
57.5
59.3
60.3
57.8
Inseguridad alimentaria
leve
24.4
19.5
20.6
19.1
20.6
19.3
21.5
Inseguridad alimentaria
moderada
12.8
14.0
13.7
13.4
11.9
12.1
12.7
Inseguridad alimentaria
severa
8.9
10.8
9.7
9.9
8.1
8.3
8.1
3 Se presentan los cuatro niveles de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA).
Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL) 2018 y 2020.
En la gestión gubernamental del actual presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, se tiene contemplado de forma más amplia la temática de la Seguridad
Alimentaria, iniciando con el Decreto Presidencial con fecha de 18 de enero de 2019
que da origen a un organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural con personalidad y recursos propios denominado SEGALMEX.
Con estos programas se pretende rescatar al sector del campo, así como también
para fomentar la autosuficiencia alimentaria y dejar de depender de los productos de
origen extranjero.
Figura 1:
SEGALMEX como eje de Política Pública Alimentaria en México
Es innegable que la producción agroalimentaria y agroindustrial en México, a partir
del año 2015, se encuentra en una etapa superavitaria, como se aprecia en la gráfica
1, debido a que se exportan un mayor número de productos de los que se están
importando del mercado internacional. Esto permite entender que la producción
Yessika Cepeda / Martha Báez
nacional de alimentos está cumpliendo con los preceptos de la Seguridad Alimentaria
en cuanto al abasto de la demanda interna.
En el periodo de 1993 a 2014, las condiciones en México eran diferentes, debido
a que se encontraba en un déficit de alimentos, es decir se importaba más de lo que
se exportaba, de acuerdo con la balanza agroalimentaria y agroindustrial.
No obstante, México en la actualidad se coloca a nivel internacional como el
primer y décimo importador de maíz y trigo en grano respectivamente. Por ello, el
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador plantea la necesidad de
orientar al país hacia una Soberanía Alimentaria más allá de contar con una
Seguridad Alimentaria al interior del territorio sin tener que comprar productos de los
mercados internacionales de alimentos a través del fortalecimiento del campo.
Gráfica 1:
México: Balanza agropecuaria y agroindustrial 1993-2021 (junio)
Miles de dólares
Fuente: Banxico, 2021.
CONCLUSIONES
A lo largo de esta investigación se revisaron las grandes transformaciones a las que
se sometió a la administración pública y a los ciudadanos por el hecho de haber
dejado de lado al Estado Benefactor por dar paso al modelo neoliberal.
Se observó que se han creado una serie de mecanismos gubernamentales bajo
la lógica de garantizar el derecho a la alimentación mediante la Seguridad Alimentaria.
Sin embargo, se han establecido programas alineados con el contexto internacional
como lo son el Programa Nacional de Modernización del Campo y el PROCAMPO,
que buscaba resarcir el abandono de los subsidios al campo que dictaban los
organismos financieros internacionales en la dinámica neoliberal.
-10,000,000
-5,000,000
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www.retosdelacienciaec.com
Revista Científica Retos de la Ciencia. 6(12), pp. 62-73.
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Asimismo, se implementaron políticas sociales que buscaban resarcir la problemática
del hambre y la pobreza como lo fue PRONASOL, CONASUPO, la Cruzada Nacional
Contra el Hambre, principalmente.
Actualmente, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se
implementó como programa prioritario la búsqueda de la Soberanía Alimentaria y la
atención al campo. No obstante, será indispensable esperar los resultados del
programa, así como los efectos que dejará la pandemia primordialmente a los
sistemas alimentarios.
No hay que dejar de lado que, a nivel global existen factores que ocasionan la
inseguridad alimentaria, tal como es el cambio climático, la contaminación y erosión
de los suelos, los precios internacionales de los productos alimenticios, la calidad de
los alimentos, los precios del petróleo, la insistencia por apoyar cultivos establecidos
no suficientes ni variados, el ingreso y las oportunidades laborales. Razón por la cual,
se tiende a buscar mecanismos para garantizar la Seguridad y Soberanía Alimentaria
a través de estrategias que incentiven la participación de las unidades familiares.
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