Enero, 2025
Vol. 9, No. 19. 125-135
https://doi.org/10.53877/rc9.19-557
Revista multidisciplinaria
e-ISSN: 2602-8247
www.retosdelacienciaec.com
EDUCADORES POPULARES. REALIDAD SOCIAL Y
JURÍDICA EN EL ECUADOR
POPULAR EDUCATORS. SOCIAL AND LEGAL REALITY IN
ECUADOR
Ariana Florangel Moran Vinueza
1
Geovanna Elizabeth Murillo García
2
Heidi María Hidalgo Angulo
3
Recibido: 2024-08-24 / Revisado: 2024-10-28 / Aceptado: 2024-11-15 / Publicado: 2025-01-01
RESUMEN
Este trabajo se realizó con la finalidad de describir la vulneración de derechos laborales de
los educadores populares comunitarios en Ecuador, evaluando el impacto socioeconómico
en sus vidas y considerando la responsabilidad del Estado en la garantía de la protección de
sus derechos, conforme a la normativa vigente. A partir de ahí que, se visibiliza la situación
laboral de los educadores populares, así como sus implicaciones jurídicas y sociales en el
marco del reconocimiento y la protección de sus derechos laborales. Se empleó una
metodología de investigación mixta, misma que, orientó la aplicación de entrevistas y
encuestas a los sujetos de investigación. Los principales resultados evidenciaron la existencia
de graves vulneraciones a los derechos fundamentales, ya que, la falta de protección del
estado y el incumplimiento de las sentencias judiciales han dejado a los educadores
populares sin cobertura de salud y jubilación. Esta problemática, ha afectado al bienestar
material y dignidad personal de los investigados, lo cual, ha generado desconfianza en las
instituciones encargadas de proteger y garantizar los derechos.
Palabras clave: educadores populares, realidad social, derechos laborales.
ABSTRACT
This study was conducted to describe the violation of labor rights of community popular
educators in Ecuador, evaluating the socioeconomic impact on their lives, and considering the
responsibility of the State in guaranteeing the protection of their rights in accordance with
current regulations. From this perspective, the labor situation of popular educators is brought
to light, along with its legal and social implications in the framework of the recognition and
protection of their labor rights. A mixed research methodology was used, guiding the
1
Estudiante de Derecho de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Facultad de Ciencias Sociales Derecho y
Bienestar, Carrera Derecho. Ecuador. arianamoran2001@gmail.com / https://orcid.org/0009-0000-7958-4472
2
Estudiante de Derecho de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Facultad de Ciencias Sociales Derecho y
Bienestar. Carrera Derecho. Ecuador. Geomg06@gmail.com / https://orcid.org/0009-0005-2704-0453
3
Doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas. Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí. Facultad de Ciencias
Sociales Derecho y Bienestar. Carrera Derecho, Manta, Ecuador, heidi.hidalgo@uleam.edu.ec /
https://orcid.org/0000-0001-5318-2715
Forma sugerida de citar: Moran-Vinueza, A., Murillo-García, G. y Hidalgo-Angulo, H. (2024). Educadores
populares. Realidad social y jurídica en el Ecuador. Revista Científica Retos de la Ciencia. 9(19). 125-135.
https://doi.org/10.53877/rc9.19-557
Educadores populares. Realidad social y jurídica en el Ecuador
Revista Científica Retos de la Ciencia. 9(19). 125-135.
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application of interviews and surveys to the research subjects. The main results revealed the
existence of serious violations of fundamental rights, since the lack state protection and the
non-compliance with court rulings have left popular educators without health and retirement
coverage. This issue has affected the material well-being and personal dignity of the
individuals studied, leading to mistrust in the institutions responsible for protecting and
guaranteeing rights.
Keywords: popular educators, social reality, labor rights.
INTRODUCCIÓN
Los educadores populares comunitarios en el Ecuador han jugado un importante papel en el
desarrollo de la educación en sectores marginados, principalmente, en comunidades rurales.
Sin embargo, a pesar de su contribución social, han sido excluidos de ciertos derechos
laborales fundamentales, tales como el acceso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) y los fondos de reserva. Esta problemática ha afectado directamente a la estabilidad
económica y al bienestar social de los educadores populares, muchos de los cuales enfrentan
grandes dificultades para acceder a servicios de salud y a una jubilación digna. Cabe señalar
que, esta situación continúa a pesar de existir sentencias ejecutoriadas que reconocen sus
derechos. Entonces, el incumplimiento por parte del Estado les mantiene en una situación de
vulnerabilidad.
El análisis de la vulneración de derechos laborales de los educadores populares
comunitarios, conlleva a reconocer las consecuencias socioeconómicas y jurídicas de la
referida vulneración, así como, de la responsabilidad del Estado para garantizar la protección
de los derechos de estos trabajadores desde la responsabilidad del Estado en la protección
de sus derechos laborales, en concordancia con los principios de equidad y justicia social
consagrados en la normativa nacional e internacional, y la contradicción entre las leyes
laborales vigentes y la realidad que enfrentan los sujetos de estudio. Asimismo, se abordan
principios establecidos en convenios de la declaración universal de los Derechos Humanos,
que subrayan la importancia de garantizar condiciones laborales justas y dignas para todos
los trabajadores, y las normativas laborales vigentes en el Ecuador, y cómo estas no han sido
aplicadas a los educadores populares y contenido de las sentencias relacionadas con este
caso.
Inicialmente, se analiza la situación de los educadores populares a través de datos
cuantitativos y cualitativos, con el objetivo de entender las dificultades que enfrentan en
cuanto a la vulneración de sus derechos laborales. Posteriormente, se analizaron los
resultados para identificar las principales deficiencias en la aplicación de las normativas
laborales que afectan a los sujetos de estudio, y se discutieron las consecuencias de su
incumplimiento, lo que permitió plantear posibles soluciones de mejora.
En la investigación realizada por De la Rosa (2011), acerca de “Estudio de la vulneración
de los derechos consagrados en la constitución y las leyes que sirva como instrumento de
defensa a favor de los educadores populares comunitarios de la provincia de Santa Elena”,
se determinó que en el nombre dado a los trabajadores populares comunitarios ha servido
para negarles sus derechos, ya que no reciben un sueldo básico ni los beneficios que estipula
la ley, por lo que, se propone iniciar acciones legales contra el Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES), responsable de transferir los recursos económicos para pagar a
las madres comunitarias, y contra la Dirección Provincial de Educación de Santa Elena, que
supervisa el programa de Profesores Populares Comunitarios.
En el suplemento del 31 de diciembre de 2019 la Asamblea Nacional de Ecuador,
dispuso en una disposición transitoria que el Ministerio de Educación, en un plazo de 90 días
debía levantar un catastro de los educadores comunitarios y presentarlo al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en cumplimiento de la Sentencia 29-16-SEP de la
Corte Constitucional. Además, se estableció que, tras presentar el catastro y hasta el final del
ejercicio fiscal 2020, el Ministerio de Educación debería cumplir con todas las obligaciones
pendientes hacia estos educadores.
Ariana Moran / Geovanna Murillo / Heidi Hidalgo
Fundación Internacional para la Educación la Ciencia y la Tecnología, “FIECYT”
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Por otra parte, Radio Visión Cuenca Ecuador (2020) en un artículo “Educadores populares y
comunitarios entregan propuesta para que se cumplan sus derechos a la Seguridad Social”
señaló que para la preparación del informe para el segundo debate de la Ley de Educación
Orgánica Intercultural (LOEI), la Comisión de Educación organizó talleres para recibir aportes
sobre esta Ley, abordando el derecho a la seguridad social de educadores populares, quienes
han denunciado la no afiliación y pago de aportes al IESS por parte del Ministerio de
Educación. Una disposición transitoria en discusión establece un plazo de 60 días para que
el IESS, cobre las deudas por fondos de reserva en 13 provincias, mientras que los ministerios
de Educación y de Economía deberán hacer los ajustes presupuestarios necesarios. En caso
de incumplimiento, el Contralor General podrá bloquear fondos para garantizar el pago.
Dávila (2024), en su investigación “Educadores comunitarios denuncian falta de pago e
incumplimiento de sentencia de la CC” declaró que la Comisión del Derecho al Trabajo
solicitará que los ministerios de Educación, Finanzas y el IESS comparezcan para explicar el
incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que ratificó los derechos de los
educadores comunitarios. Jaime Chicaiza, representante de los educadores, denunció el
incumplimiento de la ley que en el 2021 garantizó estos derechos, y condenó las violaciones
contra este sector. La Corte Constitucional había ordenado que en un plazo de 90 días se
validen los registros y valores pendientes para que Finanzas asigne el presupuesto necesario,
pero, esto no se ha cumplido, por lo que la comisión exige el respectivo seguimiento.
El reconocimiento de los derechos de los educadores populares es indispensable para
garantizar su bienestar y la calidad de la educación que imparten, lo que a su vez impacta en
el desarrollo social de las comunidades en las que trabajan, por lo que abordar este tema es
de importancia e interés, para visibilizar una deuda que tiene el Estado ecuatoriano hacia
estos educadores y promover una discusión más amplia sobre la necesidad de reformar
políticas públicas que los protejan.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación adopta un enfoque cuanti-cualitativo, lo que permite combinar la
recopilación y el análisis de datos numéricos con la exploración en profundidad de las
experiencias de los educadores populares buscando no solo cuantificar la magnitud de las
vulneraciones a los derechos de estos educadores, sino también comprender el contexto
social y jurídico que rodea dichas vulneraciones. El estudio es de tipo descriptivo-explicativo
ya que busca describir las características de la realidad social y jurídica de los educadores
populares en el Ecuador al mismo tiempo que explica los factores que inciden en la
vulneración de sus derechos y a través de la recolección de datos se pretende proporcionar
una base sólida para comprender el fenómeno en estudio y proponer soluciones
fundamentadas en evidencia. Conjuntamente, es analítica porque se examinará la sentencia
No. 029-16-SEP-CC y la resolución No.390-2013 para evaluar la interpretación y aplicación
de las leyes laborales.
El diseño es observacional, transversal y documental. El diseño es observacional
porque no se modifican variables, sino que se analiza la realidad tal como se presenta, es
transversal, ya que, la información se recolecta en un único momento del tiempo; y
documental porque incluye un análisis de la normativa legal, sentencias y resoluciones
pertinentes al proceso realizado por los educadores populares.
La población de estudio está conformada por educadores populares del Ecuador cuyos
derechos han sido vulnerados. En la recolección de datos cuantitativos se utilizó una encuesta
aplicada a 40 individuos, misma que fue diseñada con preguntas cerradas para medir la
percepción de los afectados respecto a la vulneración de sus derechos. Para el componente
cualitativo, se emplearon entrevistas semiestructuradas dirigidas a la abogada, la
representante de los afectados y los cuatros educadores seleccionados, con el fin de obtener
un análisis más profundo sobre el impacto de las violaciones de derechos y sus implicaciones
sociales y jurídicas.
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A fin de aplicar los principios éticos en la investigación científica, se suscribieron los
respectivos consentimientos informados de los sujetos de investigación, garantizando la
confidencialidad de sus datos y el anonimato en la presentación de los resultados. Además,
se garantizaron los principios de libertad, autonomía e independencia en la toma de
decisiones.
Se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: ser educador popular en Ecuador,
haber experimentado alguna vulneración de derechos laborales, y estar dispuesto a participar
en el estudio, mientras que, los criterios de eliminación fueron: ser educadores que no
pudieran participar por motivos de salud u otros motivos. Entre las limitaciones del estudio se
identifican el limitado acceso a una muestra más amplia de educadores afectados, lo cual
podría debilitar la generalización de los resultados. Además, la disponibilidad y disposición
de los participantes para proporcionar información detallada en las entrevistas fue un desafío
que pudo influir en la profundidad del análisis cualitativo.
RESULTADOS
El análisis de los resultados evidencia la realidad que enfrentan los educadores populares en
Ecuador, a quienes se les ha vulnerado derechos laborales, debido a los retrasos en el pago
de sus jubilaciones. Para comprender el impacto de la problemática en el estilo de vida de los
investigados, se encuestó a 40 educadores que por varios años están esperando el pago de
sus haberes. Cabe señalar que, los investigados han experimentado: problemas financieros,
limitado acceso a la atención médica, las fuentes de ingreso alternativas, y la percepción que
tienen sobre la respuesta institucional ante esta problemática. Por otra parte, se realizaron
entrevistas a educadores afectados y a la abogada defensora.
Tabla 1
Años de espera por los pagos pendientes
de la jubilación
Alternativas
Porcentaje
Menos de cinco años
0%
Entre 5 y 8 años
41%
Más de 8 años
59%
Nota. La tabla muestra la distribución de
las respuestas de los individuos que
esperan pagos pendientes de la
jubilación.
Uno de los hallazgos más importantes fue el tiempo prolongado de espera por el pago de la
jubilación, donde se logró establecer que el 59% de los encuestados ha esperado más de 8
años, mientras que el 41% restante ha esperado entre cinco y ocho años. Esta espera
prolongada no solo es una demora injusta en el cumplimiento de sus derechos, sino también
una situación angustiante, que profundiza la incertidumbre y afecta la calidad de vida de
quienes dedicaron sus años productivos a la educación popular.
Tabla 2
Tipos de dificultades económicas ha enfrentado usted y
su familia debido a la falta de estos pagos
Alternativas
Porcentaje
Ambas (necesidades básicas y medicinas /
cosas personales)
32,5%
Necesidades básicas
32,5%
Falta de medicinas / cosas personales
27,5%
Ninguna
7,5%
Nota. La tabla muestra las dificultades enfrentadas por
los jubilados.
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En cuanto al impacto económico el 32,5% de los educadores reportó dificultades para cubrir
sus necesidades básicas, mientras que un 27,5% indicó que no puede costear medicamentos
y artículos personales, y un 32,5% enfrenta ambas dificultades. Solo un 7,5% mencionó no
haber experimentado problemas económicos, lo cual, refleja la grave situación financiera que
atraviesa la mayoría de los jubilados, Esta situación les ubica en una situación de
vulnerabilidad económica y social.
Tabla 3
Afectación por la demora en los pagos su acceso a
servicios médicos, especialmente si está afiliado al
IESS
No.
Alternativas
Porcentajes
1
No ha
afectado
37,5%
2
Ha
dificultado el
acceso a
servicios
médicos
5%
3
No está
afiliada al
IESS
57,5%
100%
Nota. La tabla la distribución de los participantes con
respecto al acceso a servicios de médicos.
El acceso a servicios médicos también ha sido severamente afectado, ya que, el 57,5% no
cuenta con afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Es decir, más de la
mitad de los investigados. El 37,5% tiene afiliación y al 5% se les ha dificultado el acceso a
servicios médicos. Esta situación evidencia que los investigados no cuenta con respaldo
médico adecuado, vulnerando el derecho a la salud como una importantísima garantía a lo
largo de la vida.
Tabla 4: Recurrir a otras fuentes de
ingreso para cubrir sus necesidades
básicas.
Alternativa
Porcentajes
Si
97,5%
NO
2,5%
100%
Nota. La tabla evidencia que prácticamente
todos los investigados han tenido que recurrir
a otras fuentes de ingreso
Tabla 5: Si respondió "Sí" en la pregunta anterior,
¿quién lo ha apoyado económicamente o a que
actividades ha recurrido?
Alternativa
Porcentajes
Hijos
20%
Otros familiares
30%
Trabajo informal
40%
Venta de bienes personales
10%
100%
Nota. La tabla muestra la distribución de las
respuestas respecto a los modos de solventar las
necesidades básicas de los investigados.
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El 97,5% de los educadores ha recurrido a otras fuentes de ingreso para sobrevivir siendo
que el 40% ha optado por el trabajo informal, el 30% depende de la ayuda de familiares, el
20% cuenta con el apoyo de sus hijos, y el 10% ha vendido bienes personales. Esta realidad
no solo es un peso para los jubilados, sino que también recae sobre sus seres queridos,
quienes se ven en la obligación de brindar apoyo económico y emocional.
Tabla 6
Recibió comunicación o promesa de solución
Nota. Distribución de las respuestas de los investigados,
respecto a comunicaciones institucionales.
En cuanto a la respuesta institucional el 67,5% de los encuestados afirmó haber recibido
promesas de solución de entidades como: Ministerio de Finanzas, IESS o antiguos
empleadores mientras que el 32,5%, aseguró no haber recibido.
.
Tabla 7
Creencias de del cumplimiento de las
autoridades
Alternativas
Porcentajes
Si
85%
No
7,5%
Tal vez
7,5%
Nota. La tabla muestra la distribución
de las respuestas respecto a las
creencias de los investigados sobre
sus percepciones del cumplimiento
El 7,5% de investigados expresa se han cumplido las obligaciones laborales por parte de sus
empleadores, el 7,5% considera que tal vez. Sin embargo, el 85% considera que no se han
cumplido, lo que ha generado desconfianza y frustración. Los educadores perciben que el
Estado no ha cumplido con su obligación de proteger sus derechos, lo que refleja una falla
estructural en el sistema de seguridad social.
Tabla 8
Recibió algún tipo de apoyo social o
financiero durante este tiempo en que
no ha recibido sus pagos de jubilación
Alternativas
Porcentajes
Si
2,5%
No
97,5%
Nota. La tabla muestra la distribución
de las respuestas respecto a la
recepción de algún apoyo social o
financiero.
El 97,5% de los investigados afirman no haber recibido algún apoyo social o financiero y el
2,5% indicaron que sí, aunque este es insuficiente para compensar el impacto de la falta de
su jubilación. Lo cual demuestra que, los investigados quedaron desprotegidos social y
económicamente por parte de sus empleadores o del Estado.
Resultados de las entrevistas
En estos resultados se revela una situación de alta vulnerabilidad socioeconómica y
emocional causada por el incumplimiento de sus derechos laborales. Los investigados han
Alternativas
Porcentajes
Si
67,6%
No
32,5%
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experimentado condiciones laborales desfavorables y una serie de obstáculos para que el
Estado reconozca sus derechos. Téngase en cuenta que, las afectaciones emocionales e
incluso psicológicas de los problemas económicos, son graves (Salazar Ardila & Jiménez
Sepulveda, 2019).
Para conocer la lucha que han llevado a cabo históricamente los educadores
populares comunitarios, describió detalladamente el contexto laboral, revelando las
condiciones de trabajo y los bajos salarios que recibían los empleados desde el inicio.
Después de la dolarización el salario básico se estableció en 56,65 dólares, pero a estos
educadores se les pagaba solo 10 dólares mensuales, evidenciando una exclusión
sistemática de beneficios laborales mínimos. En el 2006, los educadores iniciaron un proceso
de exigencia de inclusión en el sistema de seguridad social del IESS, pero solo un pequeño
grupo logró ser beneficiado, dejando a la mayoría sin acceso a este derecho fundamental.
La representante a los educadores, en Manabí, interpuso una demanda en el 2008;
consiguiendo en primera instancia que se reconocieran ciertos derechos como el décimo
tercero, décimo cuarto y vacaciones. Sin embargo, el Ministerio de Educación apeló la
decisión, lo cual, llevó el caso a la segunda instancia de lo contencioso administrativo en
Quito donde la sentencia fue parcialmente favorable, ya que, se les reconoció únicamente el
derecho a la seguridad social bajo el argumento de que los educadores populares eran
alfabetizadores y no personal del Ministerio de Educación.
Este limitado reconocimiento, impulsó a los educadores a llevar el caso a la Corte
Constitucional, donde se ratificó la sentencia en 2016, beneficiando a 184 personas. A pesar
de esta victoria, el proceso fue complicado por la falta de apoyo de las autoridades y cambios
en la administración del IESS, lo cual, retrasó aún más los pagos y generó múltiples
dificultades administrativas.
Los testimonios indican que la falta de acceso a pagos y beneficios, especialmente el
derecho a la seguridad social ha generado una precarización significativa en la vida de los
educadores populares. Esta exclusión les ha obligado a asumir estrategias de subsistencia
alternativas, como solicitar ayuda económica a sus familiares y realizar trabajos informales.
Entre los principales efectos negativos en la calidad de vida destacan las limitaciones en el
acceso a bienes y servicios esenciales, la dependencia económica de terceros y un impacto
en la estabilidad emocional y familiar.
Entre los entrevistados se reportan dificultades para cubrir gastos básicos como
alimentos, medicamentos y servicios médicos, situación que es grave para quienes padecen
enfermedades crónicas ya que el acceso a tratamientos indispensables se encuentra
comprometido. Además, los insuficientes ingresos regulares han provocado que estos
educadores, en su mayoría personas de edad avanzada, dependan de sus familiares para
satisfacer sus necesidades diarias, afectando su sentido de autonomía y dignidad lo que es
especialmente evidente en uno de los entrevistados, quien necesita ayuda familiar para
solventar gastos médicos debido a su condición de Alzheimer. La imposibilidad de planificar
económicamente y la frustración acumulada se reflejan en el testimonio de otro de los
entrevistados, quien expresa que la falta de ingresos le ha impedido cumplir con objetivos
familiares importantes, como compartir momentos significativos con sus seres queridos.
Los educadores populares enfrentan una situación de vulnerabilidad debido a la
exclusión de beneficios laborales y de seguridad social a pesar de haberse emitido
resoluciones y sentencias favorables, como la Resolución N° 390-2013 de la Corte Nacional
de Justicia, el Estado no ha efectivizado la garantía de estos derechos, limitándola a una
afiliación parcial al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sin otorgar
compensaciones económicas justas. En cuanto a la implementación de las resoluciones, se
observó un trato diferenciado y falta de reconocimiento pleno hacia estos educadores, ya que,
a pesar de su del impacto positivo que tienen en la sociedad, siguen siendo excluidos de
beneficios equivalentes a los otorgados a los docentes, limitándoles a una afiliación parcial y
sin remuneración adicional, lo cual, contradice los principios constitucionales de igualdad y
no discriminación en el acceso a derechos sociales y laborales.
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Cabe recalcar, que las autoridades han argumentado falta de recursos y problemas
presupuestarios como razones para el incumplimiento de los pagos y estos obstáculos se
mencionan reiteradamente en los testimonios de los entrevistados, quienes han sido
informados de que deben esperar a una nueva fecha para la transferencia de los 72 millones
de dólares necesarios para cubrir estas obligaciones. Sin embargo, estos retrasos
prolongados refuerzan la percepción de inseguridad jurídica entre los afectados.
Conforme a la Constitución de la República del Ecuador y la normativa laboral vigente,
el Estado tiene la obligación de garantizar la protección efectiva de los derechos laborales y
sociales asegurando el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, los resultados reflejan
una falta de compromiso estatal con esta responsabilidad lo que se evidencia en la ineficacia
en el cumplimiento de las sentencias y resoluciones emitidas en favor de los educadores
populares ya que a pesar de la existencia de resoluciones como la Sentencia No. 029-16-
SEP-CC, que ratifica el derecho de afiliación de los educadores comunitarios al IESS, el
Estado no ha implementado las medidas necesarias para asegurar la ejecución de estos
fallos. Las autoridades alegan problemas internos, lo que ha llevado a un incumplimiento
reiterado de las decisiones judiciales y la falta de información clara sobre el estado de los
pagos y el proceso administrativo ha generado incertidumbre y frustración entre los
educadores populares.
DISCUSIÓN
La Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 3, Numeral 1, establece que el
Estado debe “garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales”. Sin embargo, los
resultados de las encuestas realizadas a 40 educadores populares muestran una realidad
diferente, ya que, más del 57.5% de estos trabajadores no está afiliado al IESS. Es decir, se
les está violando el derecho constitucional a la seguridad social, garantizado en el Artículo 34
de la referida norma. Cabe señalar que, el derecho al trabajo es irrenunciable y debe ser
asegurado por el Estado para todos los ciudadanos. Este incumplimiento estatal pone en
riesgo la estabilidad de los educadores populares, dejando a una gran parte de estos, sin
acceso a la cobertura de salud, jubilación y otras prestaciones fundamentales.
Los datos evidencian un alto impacto socioeconómico, ya que un 32.5% de los
encuestados no tiene acceso a medicinas esenciales para su tratamiento y otro 32.5%
enfrenta dificultades para cubrir necesidades esenciales, como alimentación y medicamentos
lo cual representa una clara vulneración del derecho a una vida digna establecido en el
artículo 66 numeral 2 de la Constitución que garantiza la salud, la alimentación y el acceso a
servicios médicos. El Estado ecuatoriano al no brindar acceso a las condiciones mínimas de
bienestar, está incumpliendo con su rol de protector de los derechos fundamentales de todos
los ciudadanos, especialmente de aquellos en condiciones de vulnerabilidad, como los
educadores populares, quienes realizan un trabajo importantísimo en el ámbito de la
educación no formal. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, 2012)
El Código de Trabajo en su Artículo 42, señala que todos los empleadores tienen la
obligación de afiliar a sus trabajadores al IESS para garantizar acceso a cobertura de salud
y jubilación: No obstante, los resultados de las entrevistas a los educadores populares revelan
que, aunque algunos han logrado acceder a una jubilación, esta ha sido pagada con retrasos
de hasta ocho años, generando un impacto económico negativo severo en sus vidas. Como
se sabe, la incertidumbre respecto a su estabilidad financiera de las familias es sumamente
negativa, sobre todo, para los que son cabeza de familia (Espino Granado, 2014). La demora
en el pago de las jubilaciones no solo representa un incumplimiento a las normativas
laborales, sino que afecta directamente la calidad de vida y el derecho a una vejez digna de
toda persona (Huera Castro et al., 2021).
El Artículo 11, Numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, establecen
la obligación del Estado de reparar las vulneraciones a los derechos que implica la
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responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las resoluciones y sentencias. Sin embargo,
en este caso a pesar de una sentencia emitida por la Corte Constitucional que ordena la
afiliación de los educadores populares al IESS, muchos siguen sin acceder a este derecho,
lo que demuestra una falta de acción por parte del Estado y una desconfianza creciente en
las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de estas resoluciones. Este
sentimiento de desconfianza fue confirmado en la investigación, donde un 85% de los
encuestados manifestó su desconfianza respecto a las promesas de solución, señalando que
las instituciones han fallado en responder a sus necesidades y en garantizar sus derechos.
Nótese que la desconfianza de los ciudadanos en la administración de la justicia puede tener
efectos negativos en otros aspectos como la confianza política (Cueto Villamán, 2007).
La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 367, afirma que el sistema
de seguridad social debe ser universal e integral, cubriendo a todas las personas a lo largo
de sus vidas. Según los resultados de esta investigación los educadores populares han sido
excluidos de esta garantía, lo que ha tenido un impacto devastador en su salud y bienestar
general. Este incumplimiento del principio de universalidad en la seguridad social es una
vulneración que afecta gravemente a sus condiciones socioeconómicas y su derecho a una
vida digna. Téngase en cuenta que el ser humano tiene derecho a vivir y morir dignamente,
lo cual, debe estar garantizado por el estado (Aparisi Miralles, 2013).
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 22, garantiza el
derecho a la seguridad social, lo cual, es claramente infringido en el caso investigado, ya que,
estos educadores, tras años de espera, siguen sin acceso a una jubilación digna ni a los
beneficios correspondientes a pesar de las resoluciones judiciales que les favorecen.
Además, en la misma Declaración en el Artículo 23 precisa que las condiciones de trabajo
justas y una remuneración adecuada son obligatorias. En la investigación, se revela que estos
derechos son también vulnerados, ya que, los educadores han dedicado su vida a sus
labores, pero se ven relegados a la exclusión de beneficios laborales básicos, lo que les obliga
a vivir en una situación de constante lucha económica y emocional; y esta falta de
cumplimiento de sus derechos no solo afecta su bienestar material, sino que también afecta
a su dignidad como seres humanos. La vida plena del ser humano, se alcanza desde la
atención a todos los aspectos que le brindan bienestar (Adler, 2017; Flórez Rodríguez &
Sánchez Aragón, 2022).
Tras lo expuesto demuestra la vulneración de los derechos laborales y sociales de los
educadores populares debido a que la falta de acceso a la seguridad social, el retraso en el
pago de las jubilaciones y la deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones
constitucionales y laborales del Estado hacia los investigados demuestra la responsabilidad
del Estado y la necesidad de tomar medidas efectivas para asegurar la inclusión de los
educadores populares en el sistema de seguridad social el pago puntual de las jubilaciones
y la provisión de los servicios de salud necesarios, ya que, sin estas garantías los educadores
populares continuarán viviendo en condiciones de exclusión y vulnerabilidad, perpetuando
una situación de desigualdad que impacta negativamente a sus vidas.
CONCLUSIONES
La exclusión que enfrentan los educadores populares en Ecuador vulnera sus derechos
fundamentales. Estos ciudadanos que han dedicado varios años de esfuerzo y compromiso
a la educación de sus comunidades se encuentran desprotegidas frente a derechos básicos
como la seguridad social, el pago puntual de jubilaciones y el acceso a servicios de salud.
Esta omisión no solo le niega un reconocimiento adecuado a su labor, sino que también
impacta profundamente su dignidad y estabilidad emocional, dejándolos en una situación de
incertidumbre y vulnerabilidad a una edad avanzada, en la que deberían recibir el respaldo
del estado.
El impacto socioeconómico de esta exclusión es alto debido a que muchos
educadores populares se han obligado a recurrir a trabajos informales o a depender
económicamente de familiares, ya que, sus ingresos son insuficientes para cubrir
Educadores populares. Realidad social y jurídica en el Ecuador
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necesidades básicas como alimentación y medicamentos. Esta situación no solo les afecta a
estos, sino que también carga de responsabilidades a sus familiares, quienes deben
brindarles apoyo económico y emocional para suplir las deficiencias del sistema, la
precariedad económica que enfrentan afecta también a su salud física y emocional, reflejando
una realidad de marginación y desamparo que no debería existir en un Estado que, proclama
la igualdad de derechos para todos.
Se determina que es Estado ecuatoriano tiene directa responsabilidad en la
problemática descrita, ya que, a pesar de existir sentencias y resoluciones favorables, las
autoridades han demostrado una falta de compromiso en la ejecución efectiva de estas
disposiciones, amparándose en excusas como limitaciones presupuestarias o problemas
administrativos. Sin embargo, la Constitución de la República del Ecuador y la normativa
laboral vigente establecen claramente la obligación del Estado de garantizar el bienestar de
sus ciudadanos, especialmente de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, el
incumplimiento de esta obligación no solo quebranta la confianza en las instituciones sino que
perpetúa una situación de exclusión e injusticia que afecta profundamente la vida de los
educadores populares y va en contra de los principios de equidad y justicia social. Es urgente
que el Estado implemente mecanismos efectivos para garantizar sus derechos, asegurando
su inclusión plena en el sistema de seguridad social, el pago puntual de sus jubilaciones y el
acceso a servicios de salud adecuados, este reconocimiento no solo se trata de cumplir con
la ley, sino de devolver dignidad y justicia a quienes han dedicado sus vidas al servicio de la
educación popular
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